Amnistía e impunidad: más allá de la ley, el auténtico problema de España
¿Es nuestro país un lugar en el que se puede incumplir la ley y no soportar las consecuencias? Contestamos afirmativamente: sí
El juicio de constitucionalidad que finalmente emita el Tribunal Constitucional sobre la denominada Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, será sólo eso: un examen y una decisión en parámetros de adecuación a la Constitución de 1978 de un texto legal, de dudosa oportunidad para el interés general, sí, pero emanado formalmente de las Cortes Generales.
Todo los analistas, ciudadanos o periodistas se aferrarán en el análisis final del texto del órgano constitucional a las afectaciones políticas o de estabilidad parlamentaria, a las motivaciones aparentes u ocultas del fallo, al destino último del mismo, a la palabra que podrá tener el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un momento posterior. Sin embargo, probablemente muy pocos enfatizarán que la cuestión de la amnistía sólo es un paso más —ciertamente uno de magnitudes importantes— en esa gigantesca punta del iceberg que hoy, en la España de 2025, supone el incumplimiento gratuito de la legalidad, o dicho de otra manera: la cultura generalizada de la impunidad.
Concédanos el lector un interrogante capital: ¿Es nuestro país un lugar en el que se puede incumplir la Ley y no soportar las consecuencias? Contestamos afirmativamente: sí. Efectivamente, no siempre, pero en demasiadas ocasiones el furtivo de la legalidad emanada del BOE escapa entre los montes de la burocracia administrativa, entre la complacencia callada del poder político, entre la desidia generalizada de una ciudadanía resignada a que la cuota del IRPF sólo sirva para mantener una apariencia de formalidad pero no un fondo de materialidad.
Que España sea un Estado de Derecho (artículo 1.1 CE) es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos. La cultura de la legalidad es un accidente extraordinario en la geopolítica mundial. Ahora bien, “Estado de Derecho” no es un juego de palabras, un barniz jurídico de opinativa aplicación. No. Nada más lejos de la realidad. Un “Estado de Derecho” es “de Derecho” cuando el “Derecho” se aplica, esto es: cuando las sanciones previstas para las infracciones se articulan en el silogismo concebido por la norma. Si hay previsión y luego infracción, pero después no hay sanción sólo queda una cosa: impunidad, un silencio ruidoso de impunidad, algo de lo que cuesta despertarse.
En España tenemos miles de problemas de incumplimiento: laborales, fiscales, penales, civiles, etc. Se ocupan casas, se eluden impuestos, se despide sin causa lícita… Y la Justicia, casi siempre, cuando llega, lo hace tarde. Y esto genera impunidad. Tal vez no total pero sí parcial. Una impunidad peligrosa porque sumerge al perjudicado en la dialéctica de la utilidad-inutilidad de los sancionadores: ¿Para qué sirve los jueces si las sentencias no se cumplen o, cuando se cumplen, ya es muy tarde?
El auténtico problema de nuestro país no es la amnistía, ésta sólo es la punta de un iceberg. El auténtico problema es la impunidad generalizada a la que nos hemos acostumbrado. Este estado de las cosas en el que uno sabe que debe obedecer al Derecho porque es lo éticamente oportuno, pero no lo jurídicamente sancionable en otro caso. Y esto es terrible. El “Estado de Derecho” no puede estar desarmado del Derecho, de la razón de la sanción.
Nadie –o pocos— vincularán la amnistía a la crisis de legitimidad que gobierna España. Pero esto está pasando, ahora mismo. Y mientras pasa los medios del sancionador en última ratio —la Justicia— son los mismos y tal vez incluso peores. Porque de esto no se habla, y tampoco ocupará el tiempo de analistas o ciudadanos.
La amnistía sólo es un árbol. Uno más en el bosque florecido de la impunidad.